El presidente Biden puede emitir una orden ejecutiva que permita que los 11 millones de indocumentados puedan obtener documentos y un estatus migratorio, pero esta es la última opción, si no hay consenso en el Congreso.
Para Mi Gente Informa, Carmen Rodriguez desde Washington D.C.
Diciembre deja un mal sabor a los inmigrantes indocumentados que esperaban que durante el primer año de gestión del presidente Joe Biden y mientras los demócratas controlan la mayoría en el Congreso, se aprobara la reforma migratoria que daría protección a millones de personas.
Dos semanas antes de fin de año la propuesta de ley conocida como gasto social, que incluía protección legal para los indocumentados recibió un tercer revés. Ahora muchos se preguntan si Biden y los demócratas podrán cumplir una de sus grandes promesas de campaña: legalizar a los indocumentados y proteger a los que están bajo programas de alivio.
El tema migratorio es espinoso para cualquier administración. Pero Biden se comprometió a pasar una reforma migratoria integral que beneficiará a cuanto inmigrante fuera posible y además, criticó varias de las políticas implementadas por su antecesor, Donald Trump; pero, aún conserva la del título 42, que manda la rápida expulsión de personas que son detenidas en la frontera como medida de salud.
Por ahora, los demócratas están buscando alternativas para continuar con la propuesta de gasto social, pero primero tienen que definir cuántos votos de su mismo partido tienen asegurados, después de que algunos congresistas demócratas retiraran su apoyo a la propuesta.
Representantes de organizaciones civiles de apoyo a inmigrantes, consideran que los demócratas deben ignorar las observaciones que hizo la parlamentaria que rechazó la última propuesta y continuar. La última opción, si no hay otras vías, es que Biden emita una orden ejecutiva que permita que los 11 millones de indocumentados puedan obtener documentos y un estatus migratorio.
Sin embargo, expertos adelantan que una orden ejecutiva va a desencadenar sendos procesos y peleas en las cortes del país. Así como sucedió cuando el expresidente Barack Obama, instauró el programa DACA para los menores de edad que entraron al país sin documentos.
Las propuestas
El mismo día que Biden tomó posesión del cargo, envió al Congreso el paquete de leyes con su propuesta de dar legalidad a 11 millones de indocumentados que ingresaron al país antes del 1 de enero de 2021, pero esta propuesta no obtuvo el apoyo que necesitaba para avanzar.
La idea era aprobar un reglamento que diera legalidad, pero que al mismo tiempo conservara ciertas políticas restrictivas para nuevos inmigrantes y para evitar enviar un mensaje de puertas abiertas a otros inmigrantes que tenían pensado llegar a Estados Unidos con el cambio de administración.
A medio año y después de una serie de reuniones que tuvo la vicepresidenta, Kamala Harris, con representantes de organizaciones de inmigrantes, con beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS y con beneficiarios del programa de Acción Diferida para llegados en la Infancia, conocido como DACA, los demócratas consideraron avanzar con la reforma en partes.
El segundo intento contemplaba otorgar la protección o la posibilidad para que los amparados a TPS, DACA y los trabajadores agrícolas pudieran iniciar procesos de residencia y hasta ciudadanía. Sin embargo, esta opción tampoco contó con el apoyo que necesitaba para avanzar y la Administración Biden decidió extender los períodos de caducidad de TPS.
El tercer intento, estaba incluido en la segunda parte del paquete de leyes del Plan de Reconciliación, una de las grandes apuestas de Biden para inversión en infraestructura, en economía y la creación de empleos en el país. Esta propuesta, incluía permisos de trabajo, ya no para 11 millones, sino para siete millones de indocumentados, con posibilidad de extensiones y de que puedan salir del país sin problemas.
Antes del 17 de diciembre, muchos demócratas estaban casi seguros de que iban a tener los votos suficientes para aprobar la última propuesta, pero no fue así. Por ahora, nadie se atreve a dar una fecha o a pronosticar si la ansiada reforma migratoria será aprobada este año.