Familias amenazadas de despojo de sus propiedades
Para mi Gente Informa, redacción
Cerca de 145 familias de las comunidades de Santa Marta y Flor de la Selva, en el municipio de Sayaxché, Petén, están luchando con todos los medios legales a su alcance para evitar un posible desalojo de las tierras que les fueron otorgadas por el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) hace ya 15 años, por ello les pertenecen legalmente.
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Civil, Laboral y de Familia, de La Libertad, Petén, ha dictado sentencia a favor de Jorge Mario Orozco Leal, quien ha hecho el reclamo de los terrenos donde habital las comunidades de Santa Marta y Flor de la Selva, pese a que el Estado lo despojó de los mismos, por incumplimiento y abandono de la propiedad durante el proceso de adjudicación.
El origen del reclamo
En 1976, el Estado le otorgó un terreno a Jorge Mario Orozco Leal con la condición de que debía cumplir con el trámite legal requerido para su adquisición definitiva. Entre los requisitos figuraba que el beneficiado debía pagar los derechos, permanecer en el lugar y trabajar la tierra, para luego adjudicarle la propiedad.
Sin embargo, al poco tiempo de dicho trato, Orozco Leal salió del país y dejó el terreno en el abandono, incumpliendo con las condiciones impuestas por el Estado para su otorgamiento. En los años ochenta y noventa, varias familias se asentaron en el lugar y empezaron a trabajar la tierra, formaron las comunidades de Santa Marta y Flor de la Tierra.
En 2004, FONTIERRAS verificó que el terreno estaba siendo habitado por las comunidades desde hacía años y evidenciado el abandono del lugar por parte de Orozco Leal, revocaron esa adjudicación y la propiedad pasó a ser del Estado nuevamente.
Las comunidades iniciaron el trámite para su adquisición y el terreno fue desmembrado y otorgado a las familias asentadas, quienes ahora cuentan con sus títulos de propiedad debidamente registrados y avalados por el Estado.
En 2015, Orozco Leal se presentó en Fontierras y reclamó como suyo el inmueble, impugnando la revocatoria de 2004 pero el Consejo Directivo en pleno de la entidad, la declaró sin lugar.
Orozco Leal entabló entonces un proceso judicial en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, Civil, Laboral y de Familia, de la Libertad, Petén, que tiene competencia en el área, para buscar la nulidad de lo actuado por FONTIERRAS y por ende, que se le devuelva el terreno que ahora ocupan las comunidades.
Dictamen dudoso
El juez dictó hace unos días una sentencia a favor de Orozco Leal declarando con lugar la demanda, es decir, que se accede a declarar la nulidad de los contratos de enajenación a favor de los comunitarios y lo actuado por Fontierras, lo cual dejaría a decenas de familia sin hogar y trabajo.
Las comunidades de de Santa Marta y Flor de la Selva, actuales propietarios, impugnaron esa resolución y el caso será trasladado a la Sala de Poptún, Petén, para que tres magistrados analicen el caso. De quedar en firme la resolución, los comunitarios corren el peligro de ser desalojados y quedarse sin las tierras que han trabajado por años para mantener a sus familias.
Fallas en el proceso
Algunos expertos en el tema consultados para esta nota, coinciden en que se ha incurrido en serios desaciertos legales en este proceso. Entre ellos figuran:
- Los comunitarios nunca fueron notificados por autoridad competente para informarles del proceso iniciado por Orozco Leal contra FONTIERRAS, pese a ser partes interesadas en el proceso.
- Los adjudicatarios corren el riesgo de ser desalojados sin haber sido notificados, citados ni oídos en juicio. Esto viola sus derechos fundamentales y deja a las familias desprotegidas y sin sus medios de subsistencia, además de su derecho de propiedad de los terrenos que fueron legítimamente otorgados por Fontierras en su momento.
- Orozco Leal debió agotar la vía administrativa ante FONTIERRAS para resolver el conflicto.
Un abogado consultado, explica que la Sala de Apelación debe conocer el caso en el tiempo que exige la ley pero es necesario notificar a todas las partes interesadas para escucharla y tomar en cuenta su declaración.
Si bien el proceso está enderezando en contra de lo actuado por FONTIERRAS, los legítimos propietarios son parte interesada también y deben ser citados y escuchados para tener más argumentos para un mejor fallo.
Alfredo Sacul, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (cocode) de la comunidad Flor de la Selva hizo un llamado para que se respete el debido proceso pues entre los pobladores existe temor ante un posible desalojo de las familias de los terrenos que por años han trabajado y de los cuales cuentan con escrituras debidamente registradas.
De efectuarse el desalojo en las actuales condiciones, sería ilegal y se violentarían los derechos humanos de los pobladores. Por tanto, exigen la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para que se convierta en mediador en este conflicto. También se está considerando enviar una solicitud a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) para que conozca sobre el tema.
Mientras tanto, los pobladores viven con incertidumbre, a la espera de que la Sala de Apelaciones de Poptún, Petén, conozca el caso y emita su resolución.