Un trato que dejó al Estado de Guatemala sin una carretera y, además, sin más de USD$384 millones. Odebrecht logró escapar de la justicia del país con los bolsillos llenos y con grandes aliados que le permitieron quedar impune por medio de un trato entre personajes oscuros de la política.
Han pasado casi 10 años desde que Odebrecht conseguía el contrato que le permitió estafar al Gobierno de Guatemala y endeudarse con USD$384 millones en préstamos para una carretera que nunca se realizó en su totalidad. Además, utilizaron el dinero para sobornar políticos y conseguir contratos de construcción, entregando hasta USD$17.9 millones.
Sin embargo, tras este largo período de tiempo, Guatemala continúa siendo el único país donde la constructora brasileña logró salir impune. Los cariocas se aliaron a un grupo de abogados guatemaltecos que, con una jugosa comisión, convirtieron a la empresa en un colaborador eficaz del Ministerio Público (MP) tras una reunión en 2017 en Sao Paulo, Brasil. El ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, permitió el acuerdo ilegalmente, dejando impunes los actos delictivos de Odebrecht.
Con Sandoval fuera de la FECI y con órden de captura, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) ha investigado a los involucrados en el controversial convenio. Raúl Falla, abogado de la FCT, explicó que “recibimos un informe de varios bufetes de Guatemala fueron negociadores de la estafa. Estos bufetes viajaron a Brasil, recibieron dinero de Odebrecht para que no tuvieran responsabilidad penal. Principalmente Norberto Odebrecht, quien dirigía la empresa.”
“Sandoval, en vez de investigar, perdonó la deuda y solo les puso una multa de Q500 mil, luego dejó el caso en impunidad” aclaró Falla. Además, la FCT solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) un informe con los documentos relacionados a las reuniones, sesiones de trabajo, comunicaciones, bitácora y actas llevadas a cabo por la ex procuradora general, Anabella Morfín Mancilla, y cualquier abogado o representante vinculada directa o indirectamente con Odebrecht.
Falla argumentó que “en la PGN, estos bufetes se reunieron con Morfín Mancilla y le propusieron formas para poder solventar el caso. La FCT, pedimos que nos de nombres, actas, bitácoras y sesiones.Tenemos perfilados a 3 bufetes importantes de Guatemala que intentaron sorprender a la PGN de esa época. Ellos se identificaron como los negociadores de ODEBRECHT en su momento. Ayer se mandaron unidades de la pgn para empezar a recabar la información. Al tener claros quienes participaron, lo expondremos al pueblo.Los bufetes utilizaron influencias, poder y fama para defraudar el estado. Las cantidades de comisiones que se manejaron es algo que estamos investigando.”
La reunión de Sao Paulo
Por medio de sus redes sociales, Falla destacó una fotografía de abogados guatemaltecos que visitaron las instalaciones de Odebrecht en Sao Paulo, Brasil. Juan Pablo Carrasco, miembro del bufete Central Law y actual presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), posaba junto a Carlos Cabrera, compañero en la firma de abogados, frente al letrero de las oficinas de Odebrecht. “La foto se tomó en semana santa del 2015. Ellos iniciaron, junto con Luz Camargo de CICIG, los primeros acuerdos para ser colaboradores eficaces” mencionó Falla.
Carrasco ha sido señalado anteriormente en casos delictivos por medio de la firma Central Law a la que es socio y que lidera el departamento de Inversión Extranjera según especifica la página web del bufete. Central Law mantuvo relaciones con Federico Machado, señalado por la justicia estadounidense de crear una estructura criminal para el trasiego de droga, lavado de dinero y estafas.
Machado consiguió con estafas en Estados Unidos hasta USD$560 millones, los cuales invirtió en Minas de Pueblo, una red de mineras ilegales. Por otro lado, fue acusado de vender aviones en diversos países para traficar drogas.
Carrasco fue entrevistado por Relato en 2021, donde negó ser el abogado de Machado o que la firma lo haya asesorado. Según la investigación “Estados Unidos tras los aliados de la Narco Minería en Guatemala” de este medio, Minas de Pueblo registró la dirección de Central Law para recibir notificaciones ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Además, el bufete habría tramitado el nombramiento de David Scott Masters como administrador y representante legal de Minas del Pueblo.
Respecto a Carrasco y su involucramiento en casos como Odebrecht o Minas del Pueblo, Falla mencionó que el abogado y presidente de AmCham “se ha rodeado de cierta fama o prestigio por quienes se rodea. Hay fotos con embajadores estadounidenses como Todd Robinson o William Popp. También se rodeó de personajes como el ex encargado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) su ex jefa de investigación y litigio, Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. Todo ese manto de personas que lo rodea están mediando con él para que no sea perseguido. Si cae Carrasco, puede que conozcamos muchos negocios sucios de otros. Por eso no suelta a la AmCham, porque puede tener cierto blindaje mediático.”