La invasión de fincas arrecia día a día en Guatemala, propietarios de fincas invadidas, comienzan a tomar acciones y agruparse ante la inoperancia de las fuerzas de seguridad y autoridades de justicia, mientras que los usurpadores toman por la fuerza los terrenos, destruyen las plantaciones y queman las instalaciones.
Los procesos no avanzan en el Ministerio Público y cuando por fin el juez autoriza el desalojo, estos procedimientos se suspenden por decenas de excusas de las entidades que participan.
Un recuento inicial indica que hay más de mil fincas invadidas en Guatemala. Los legítimos propietarios buscan retomar el control de sus terrenos, pero son amenazados y hasta extorsionados por los delincuentes.
Recuento de invasiones recientes
El 13 de abril de 2020 un grupo que mantiene invadida la finca Cubilguitz, de Cobán, Alta Verapaz, quemó la casa y otras instalaciones.
La propiedad fue tomada por la organización que dirige el exguerrillero César Montes, quien se encuentra prófugo de la justicia.
En tres ocasiones se han suspendido los desalojos. Si alguna entidad de las que participa en los operativos tiene inconveniente, no se lleva a cabo el proceso.
El 25 de marzo estaba previsto un desalojo que no se realizó por la emergencia del Covid-19.
El exguerrillero César Montes dirige un grupo que considera su “batallón” para tomar las propiedades con violencia.
Finca Chabilán invadida el 14 de mayo de 2020. Los invasores quemaron y destruyeron plantaciones de Palma donde laboraban personas de las comunidades cercanas, que se quedaron sin trabajo.
En este caso se señala a un excandidato a la alcaldía de El Estor, como promotor de las usurpaciones.
Finca Segur Las Minas, en el municipio de Panzos, de Alta Verapaz. Fue usurpada el 30 de mayo de 2020.
Las personas invadieron y destruyeron la Biósfera protegida dentro de la finca. Talaron bosque de manera ilegal.
Fincas La Esperanza, Corozal, La Estrella y Los Recuerdos, en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Los invasores aseguraron que eran miembros del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dirigido por el exdiputado Leocadio Juracán.
Ciudadanos se organizanen contra de las invaciones
El aumento de invasiones, destrucción de la propiedad privada y la impunidad con que operan grupos vinculados con el crimen organizado, llevó a un grupo de afectados a crear la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro).
La entidad se organizó con el propósito de defender la propiedad privada, entendiendo con ello no solo terrenos o fincas, sino cualquier bien obtenido de manera lícita por las personas.
Para ello Acdepro usará todas las herramientas legales para defender este derecho de los guatemaltecos. Además, la institución denunciará a los responsables de dirigir los atropellos y a los jueces o autoridades que emitan resoluciones consideradas alejadas de la ley (prevaricato).
Crimen organizado e invasiones
La entidad fue inscrita en el Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, el 13 de agosto de 2019.
“El derecho a la propiedad privada en Guatemala es amenazado de manera constante por el crimen organizado que se infiltra en organizaciones sociales para cometer delitos criminales que desestabilizan y alejan la inversión”, indica Carlos Torrebiarte, uno de los impulsores de Acdepro.
“Estos grupos organizados alcanzan sus intereses apropiándose ilegalmente de bienes privados. Crean casos para favorecer su capacidad de acción al no tener oposición a sus actividades criminales”, añade el empresario.
“Su estrategia incluye diezmar los recursos del propietario y aprovecharse de lagunas legales, reglamentos inadecuados, burocracia en el sistema de justicia e inoperatividad del Estado”, enfatiza Acdepro.
Comuníquese con Acdepro
En caso tenga problemas de invasión de su propiedad, no importa la extensión del terreno, puede buscar asesoría escribiendo al correo [email protected]. También puede comunicarse al teléfono 32760903.
Esta Asociación brinda orientación de cómo proceder y se sumará al grupo de propietarios que luchan contra los usurpadores y el sistema de justicia que no agiliza los procesos.