Por Mauricio Flores
Mi Gente Informa
Es urgente que Guatemala cuente con un transporte eficiente, a un precio accesible, seguro y confortable para los usuarios. El más afectado por la suspensión del servicio actualmente son las personas de menos recursos económicos.
A pesar de que ya se cumplió un mes desde que el presidente Alejandro Giammattei anunció el proceso de reapertura del país, basado en la implementación del sistema de alertas debido al Covid-19, el servició de transporte público sigue paralizado y muchos usuarios tienen que buscar opciones para transportarse, lo cual les ha perjudicado económicamente porque deben pagar precios elevados por el servicio.
Cuando la apertura del país se realice, son aproximadamente 750 mil personas quienes se movilizan cada día, en estos momentos los trabajadores utilizan los medios que estén a su alcance.
Eduardo García, uno de los afectados por la falta de buses, indicó que algunas empresas si les brindan transporte a sus trabajadores, pero muchas no, por lo que deben utilizar servicios particulares como Uber o taxis, lo que significa gastar cinco veces más de lo acostumbrado con el servicio público.
“Nosotros seguimos ganando lo mismo o en algunos casos hasta menos derivado de la situación de la pandemia, pero estamos gastando más para poder llegar a nuestros trabajos, lo que significa que tenemos menos dinero para suplir nuestras necesidades básicas”, expresó García.
Edwin Amaya, presidente y representante legal de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) de la cual forma parte el 96% de los dueños de buses rojos y algunos Transurbanos, dijo que al no reactivar el transporte público los sectores más afectados son la industria y el comercio.
Agregó que para movilizarse las personas están gastando en promedio entre 50 y 60 quetzales diarios, cantidad mucho mayor a la que invierten cuando el transporte público está circulando y que estas alternativas para transportarse no guardan las medidas de distanciamiento social requeridas para prevenir la propagación del Covid-19.
“Nosotros estamos prestos a cumplir las disposiciones que emanan del Ejecutivo para que el usuario está tranquilos que se cumplen todas las medidas de higienización en las unidades y así evitar más contagios de Coronavirus. Pero esto tiene un costo que nosotros no podemos cubrir, por lo que necesitamos un subsidio o aumentar la tarifa, lo cual definitivamente afectaría más los bolsillos de la población”.
Concluyó diciendo que para que el transporte se reactive debe haber un acuerdo entre empresarios, usuarios y autoridades, por lo que Asopagua propone que el transporte público sea subsidiado, pero que este subsidio lo reciba el usuario y que a ellos les autoricen una tarifa que les represente una remuneración digna.
Deben pagar más
Por su parte la Defensoría de los Usuarios de Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, explicó que, en lo referente al transporte extraurbano, el costo es aún más alto, pues antes de la pandemia los buses cobraban 75 quetzales de Chiquimula a la Ciudad de Guatemala y que un taxi ahora cobra por el mismo viaje Q800.
Gladys Aguilar, otra de las afectadas por la falta de buses, aseguró que es importante que las unidades salgan a circular nuevamente, pero que deben ser supervisadas por las autoridades correspondientes para que cumplan con lo establecido en el protocolo de seguridad. “Tampoco creo justo que nosotros como clase trabajadora y pobre de Guatemala, tengamos que correr con los gastos de desinfección de las camionetas”, concluyó diciendo.
Al ser consultada Celia Luna, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), aseguró que los efectos por la paralización del transporte son dobles y recaen principalmente en la economía de los más pobres, quienes deben pagar más para poder transportarse, a pesar de que muchas de estas personas en los últimos meses no estaban recibiendo un salario, y ahora que regresan a sus trabajos deben desembolsar más para cumplir con sus obligaciones laborales.
Luna aseguró que el modelo de subsidio al transporte público debe modificarse, ya que actualmente los fondos van destinados en beneficio de los empresarios y no del usuario, a quienes deberían llegar.
Como se sabe, la mayoría de empresarios aparte de recibir el subsidio del Estado, alquilan las unidades a los pilotos, quienes diariamente deben pagar al propietario y sacar su salario y el del ayudante. Además, las unidades denominadas “Tomates” están en malas condiciones. Es urgente que Guatemala cuente con un transporte eficiente, a un precio accesible, seguro y confortable para los usuarios.
