El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) afirmó que Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP) no había plagiado su tesis doctoral, una acusación que nació desde las redes sociales de activistas y organizaciones civiles y que llevó a una investigación por parte de la entidad estatal. Ahora, Porras puede buscar la reelección como Fiscal General del ente investigador.
Por medio de su cuenta de Twitter, Marco Vinicio Mejía Dávila, doctor en derecho, informó que había presentado una denuncia contra Porras al Procurador de los Derechos Humanos (PDH). ¿La razón? Un supuesto plagio en la tesis doctoral de la funcionaria que había realizado en febrero de 2012 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez.
Mejía afirmaba que contaba con “pruebas documentales sobre violación de derechos humanos por parte de Consuelo Porras, quien, al plagiar tesis, no es apta éticamente para dirigir el MP.” Según la información compartida por Mejía Dávila desde el 14 de agosto de 2021 en sus redes sociales, habría encontrado que Porras pudo haber incluido en su trabajo de graduación material de una tesis realizada en 2005 por Benigno Ramírez Choc, fallecido en junio de 2016.
De encontrarse evidencia suficiente, Porras perdería la oportunidad de ser reelecta como Fiscal General del MP por haber incurrido en la “violación de los derechos humanos, a la ciencia y a la cultura” explicó Mejía. Según la publicación de Evelyn De León realizada el 20 de septiembre de 2021 en Soy502, la PDH solicitó a Porras un informe por los hechos denunciados por Mejía, así como a la Universidad Mariano Gálvez por información de lo sucedido.
Los resultados de la investigación de la PDH
Mejía acudió con uno de los acérrimos rivales de Porras para colocar la denuncia del plagio, Jordán Rodas. Con el procurador, quien ha discrepado en varias de las decisiones que ha tomado la Fiscal General del MP, podía manchar uno de los requisitos de la candidatura de Porras, ya que todo aspirante debe tener una constancia negativa de haber recibido condena moral por parte del PDH.
Sin embargo, los intentos de Mejía fueron en vano, debido a que la resolución del PDH explicó que “no existen razones suficientes para declarar la violación de los Derechos Humanos a la verdad, la justicia y la Paz.” A pesar de que los resultados de la investigación contra Porras que están en el expediente REF.EXP.7109-2021 cuenta con errores de forma, se desvanecieron los impedimentos para que la Fiscal General busque su reelección.
Foto: República
¿Quién es Marco Vinicio Mejía?
Según la nota “El maestro de Jimmy quiere ser Relator contra la tortura” realizado por Nómada el 6 de marzo de 2017, Marco Vinicio Mejía ha sido ligado con el exmandatario Jimmy Morales. La información de este medio explica que “estuvo a cargo del Doctorado creado por militares de Otto Pérez Molina bajo el que se preparó a Jimmy Morales para llegar a la Presidencia. Fue su asesor de tesis e incluso le escribió algunos discursos.”
Foto: Nómada
Sus conocidos contaron a Nómada que suele ser conocido por su “labor literaria, pero se refieren a él como un tipo extraño.” También ha sido reconocido por su columna de opinión en el Diario de Centro América cuando se encontraba el Partido Patriota en el poder según explica la redacción del medio digital. Incluso, fue parte de los candidatos para dirigir el periódigo del gobierno.
Mejía también buscó ser relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, creada “ para que se erradiquen en el país las prácticas inhumanas o crueles en contra de los ciudadanos, especialmente de los privados de libertad” asegura Nómada. La investigación menciona que este puesto le pudo haber asegurado a Mejía un sueldo de Q50 mil, así como visitar las cárceles del país sin restricción.
Nómada hizo referencia a sus relaciones con el general Ricardo Bustamante, “quien desde la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad le encomendó crear el pensum de estudios del Doctorado en Estudios Estratégicos y de Seguridad que el gobierno impulsaba desde la Facultad de Derecho de la USAC.” 22 funcionarios, diputados y un presidente han pasado bajo las enseñanzas de Mejía y del Doctorado que impartía.
Desde sus redes sociales, también ha mostrado sus gustos en el puesto de Fiscal General. Ha sido reconocido como aliado y admirador de la ex fiscal Thelma Aldana.
Activistas y organizaciones se sumaron a las críticas
Pronto se sumaron más activistas a denunciar las supuestas acciones de Porras en su tesis doctoral. Uno de ellos fue Gabriel Wer, miembro de JusticiaYa hasta el 2020 y cofundador del Instituto 25A.
“Me saca de onda que digan “Doctora” Consuelo Porras, cuando plagió su tesis doctoral. O que Leyla Lemus esté sentada en la CC sin que haya rastro de su tesis. Ambas de la Mariano Gálvez. Quienes estudian o estudiaron allí no pueden callar. Tiene que haber consecuencias para esa U” sentenció Wer en un tuit publicado en agosto de 2021.
La Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala (RICIG), también se sumó a las críticas contra Porras en sus plataformas digitales. Luis Velásquez, politólogo guatemalteco, también realizó acusaciones contra la fiscal general en octubre de 2021. “Plagió la tesis doctoral y la acreditó como un mérito para superar la postuladora” explicó en un tuit Velásquez.
¿Podría accionar Consuelo Porras contra aquellos que denunciaron el plagio?
Según el artículo 159 del Código Penal de Guatemala, “el responsable de calumnia será sancionado con prisión de cuatro meses a dos años y multa de cincuenta a doscientos quetzales.” Por otro lado, el artículo 164 explica que “hay delito de difamación, cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieran en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido, ante la sociedad.” Esta puede ser castigada con dos a cinco años de prisión.
Un abogado cuyo nombre se resguardará por solicitud del profesional explicó que “una resolución de la CC establece que el funcionario público está sujeto a publicaciones y comentarios que no generan un delito de difamación, calumnia o perjurio por ser una persona pública expuesta. En el caso específico de haber sido una falacia, tendría que demostrarlo en un proceso. En mi criterio, tienen que tenerse todos los elementos del delito para poder iniciar este proceso.” La resolución de la Corte de Constitucionalidad con número de expediente 1122-2005 dejó sin efecto los artículos 411, 412 y 413 del código penal. Esos daban un castigo de seis meses a tres años por calumnia, injuria a presidentes de los organismos del Estado.
Según Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del MP, aclaró que “no se tiene prevista una acción contra las personas que realizaron la denuncia. Ya se esclareció el tema y los esfuerzos están enfocados en el trabajo de la institución para cumplir con los objetivos estratégicos trazados para estos cuatro años de administración.”
“Desde el primer momento que surgió la información, la fiscal fue enfática en manifestar que se cumplió con todos los requisitos académicos de la universidad. Ellos cuentan con un equipo académico que verifican su trabajo y eso ha sido comprobado ahora con la resolución” afirmó Pantaleón.