El viernes anterior, el Ministro de Medio Ambiente Fernando López, presentó ante el presidente de la Asamblea Legislativa, un nuevo documento con la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos de El Salvador, que según los funcionarios del ejecutivo, garantiza que el recurso hídrico en el país sea un bien público para beneficio de la población.
Según la información brindada por el Gobierno “La iniciativa de ley busca responder a las deudas históricas relacionadas con el acceso garantizado al agua potable, a la calidad del suministro y a un servicio digno para todos los salvadoreños. Evitando con ello que grupos de oposición intenten hacer del agua un negocio. Este anteproyecto de ley garantiza que el agua sea un bien administrado por el Estado y quita toda idea o intención de privatización”
Sin embargo sectores de la sociedad civil como el Foro del Agua, considera que el documento tiene vacíos que benefician a los privados, Mi Gente Centroamérica habló con Carlos Flores, facilitador del Foro del Agua, quien habló de los puntos negativos que han encontrado en el documento, los retos que se tienen y de qué forma puede modificarse para que sea una ley que favorezca de manera directa y efectiva a la población.
¿Cuál es la valoración que hacen del anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos presentada por el gobierno salvadoreño?
Después de hacer un análisis somero de los contenidos de la propuesta consideramos
que la propuesta retoma varios de los elementos, planteados por el Foro Nacional del Agua en su primera versión del año 2006 y también de la versión que presentamos en el año 2013 por ejemplo, toda la parte general es textual la propuesta que ha hecho el Foro del Agua. Pero también esta propuesta excluye contenidos fundamentales y si es aprobada tal cual fue presentada por el ejecutivo, generaría una gestión del agua que sería centralista vertical y excluyente de la participación de la gente, sin acceso a la contraloría social que consideramos es importante en la política pública del agua.
¿Cuáles son los puntos negativos que ven en la ley presentada por el ejecutivo?
Hay varios aspectos que pueden verse mal, uno es el hecho que se está planteando para los grandes consumidores de agua, permisos de hasta 15 años de vigencia, estos pueden ser renovados casi de manera automática. Este aspecto no debe ser así dada la crisis hídrica que vive el país, deben ser permisos que no excedan los cinco años y si son de largo plazo que sean para juntas de aguas. El orden de prioridades no es el correcto,
solo se prioriza consumo humano doméstico y agua para los ecosistemas y agua para la soberanía alimentaria se mezcla con los otros usos comerciales del agua y eso no es correcto, como tampoco es correcto mezclar los sistemas comunitarios, las juntas urbanas y rurales con el abordaje de las empresas. Hay que hacer diferenciación y meter las juntas de agua en el orden de prioridades, con permisos especiales y dejarlas exentas del pago de canon por este uso.
¿Cuáles son los tres principales apartados en los que el foro considera se deben modificar o eliminar definitivamente?
Hay que agregar que en el marco institucional debe incorporarse el apartado de institucionalidad que tiene que ver con la creación de los tres organismos zonales de cuencas en las tres regiones hidrográficas que se divide el país, y estos deben conformar los comités de cuencas que para el Foro del Agua ha sido el espacio natural de participación de la población para la determinación de los usos y para la denuncia de abusos, además de la contraloría del agua. Si no existe esto sería como un espejismo que se nos quieren plantear.
Consideramos que se debe establecer la moratoria de las represas, ya no más represas y suspender la represa del rio Sensunapan que en teoría no genera un impacto, pero si es un río pequeño el impacto si es grave, los ríos deben tener sus condiciones óptimas para poder evaluar la construcción de represas.
Todos estos elementos han sido eliminados en la propuesta y esto nosotros lo incluimos y planteamos en la propuesta de ley que presentamos en 2013. Si incorporamos estos aspectos, creemos que la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos que se incorpore a partir de lo presentado por el Presidente y considerando estos elementos que nosotros hemos identificado, tendríamos una ley que garantice la lucha contra la injusticia hídrica y la lucha contra los abusos que hasta el momento y durante dos siglos ha realizado las empresas oligárquicas del país.
Si se excluyen, tendremos una ley que crea un modelo de gestión del agua que sea centralizador, verticalismo, burocrático y que excluye la participación de la gente a nivel local en el territorio y limita por no decir que elimina la contraloría social en la política del agua.
¿Cuál será el paso que dará el Foro Nacional del Agua, si se aprueba la ley tal cual está y sin escuchar a los sectores, se puede recurrir a alguna instancia internacional?
Nosotros vamos a continuar en nuestra estrategia de gestión del agua que tiene que ver con facilitar y dar voz a las personas que hasta ahora han visto violentado su derecho humano al agua, es decir, darle voz a partir de la identificación, la sistematización, el análisis y la acción en conflictos socioambientales que tienen en el centro la injusticia hídrica.
Si es una ley que aprueba la asamblea, los mecanismos legales en contra de una iniciativa como esta se limitan porque es un instrumento legal que goza básicamente de toda legalidad aunque no sería moralmente bien vista. El presidente está comprometido en la lucha contra la injusticia entonces los instrumentos que nosotros planteamos sirven para luchar contra las injusticias.
No cumplir o dejar el instrumento tal cual está habiendo señalado las debilidades que tiene, lo único que dejaría claro es que el presidente dice una cosa, pero en realidad piensa y hace otras cosas, habla de lucha contra la oligarquía, pero quizás está negociando o resolviendo los problemas planteados por empresa oligarcas, hablamos de la familia Dueñas y su proyecto estrella Ciudad Valle del Angel.
Hablamos de la familia Poma y su proyecto estrella, Paseo del Prado y la familia Regalado con toda la explotación que hace del agua para el cultivo de la caña de azúcar entre otros oligarcas que hoy por hoy encabezan el rating de robo, contaminación y negociaciones turbias para obtener prebendas a su favor en el uso, el control y aprovechamiento del agua en el país.
¿Cómo se encuentra la población en su derecho al acceso al agua en la actualidad?
El problema del agua es de justicia, porque si bien el país avanza en construir sistemas de abastecimiento, queda pendiente resolver problemas de continuidad del servicio. Nosotros realizamos una investigación a finales del 2020 donde analizamos el comportamiento del abastecimiento de agua potable durante la cuarentena y resulta que más del 50 % de la población que vive en el área metropolitana de san salvador, denunció que sufrió severas violaciones a su derecho humano al agua porque no recibió el abastecimiento.
Hablamos entonces que el 10% le falta chorro, pero 50% de la población es decir 2 millones de personas que viven en San Salvador y sus alrededores, no reciben periódicamente el servicio, entonces hay disparidad porque si la gente pobre no tiene agua, ANDA, negocia con las familias oligárquicas para garantizar el abastecimiento en sus proyectos.
También hay problemas en la zona marino costera, donde se ubica la industria azucarera donde ellos tienen garantizado el agua para las necesidades de sus cañales.