Manuel Franco
Mi Gente Informa
La situación actual de las ocupaciones de tierras y la poca ejecución de desalojos, constituyen un riesgo para la estabilidad social y política del país, a lo cual las autoridades correspondientes no le han puesto la atención debida, ya que existe poca participación por parte del Gobierno para resolver este problema, indicó Édgar Taylor, asesor jurídico de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO).
Según ACDEPRO, durante 2020 cerca de 1 mil 500 fincas fueron invadidas y de los 123 casos denunciados, únicamente dos terrenos fueron desalojados, lo que es preocupante y decepcionante.
“Existe una falta de aplicación de las normas jurídicas, lo que genera incertidumbre en la población que se ve afectada por las invasiones. Hay una descoordinación entre los Organismos Ejecutivo y Judicial y una falta de aplicación de las leyes que el Legislativo ha promulgado”, expreso Taylor.
Situación actual de los desalojos
La mayoría de los casos no ha visto avances en las investigaciones por parte del Ministerio Público, ni interés de la Procuraduría de los Derechos Humanos para hacer valer el derecho de la propiedad privada. El desinterés de las autoridades para hacer cumplir el imperio de la ley ha sido evidente.
Muchas de las invasiones llevan años sin que las autoridades muestren el menor interés en cumplir con las órdenes de los juzgados para efectuar los desalojos y en los pocos casos que se han intentado, oficiales desarmados y que cumplen con todos los protocolos de derechos humanos, han sido atacados por los invasores, quienes portan armas, lo que ha impedido las desocupaciones.
Otras veces los fiscales o los comisarios de la PNC piden cancelar la orden de desalojo y ponen una serie de excusas, como que “lloverá”. O bien envían 6 elementos con el fin de que se declare que hay poco personal y así evitar la recuperación para los dueños.
El país cuenta con leyes y mecanismos legales, lo único que falta es encontrar una adecuada coordinación entre las instituciones involucradas para poder ejecutarlos. “La creación de fiscalías especializadas por parte del Ministerio Público en lo referente al delito de invasiones, ayudaría a que se diera trámite a las denuncias por parte de los propietarios y a la solución inmediata del problema”, comentó el abogado Tylor.
Otro problema que se tiene es la poca capacitación de los agentes de la Policía Nacional Civil para darle cumplimiento a las órdenes judiciales, ya que los efectivos no están preparados para realizar desalojos. “Es imposible que un juez o fiscal, acompañado por fuerzas de seguridad, pueda contender a 120 familias que invaden una finca, lo más probable es que salgan vapuleados o quemados”, dijo. Es importante resaltar que invadir propiedad privada es un delito penado por la ley con varios años de cárcel y que la propiedad es un derecho contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país, por eso quien irrumpe la propiedad de otra persona comete un delito que debe ser tratado como tal por el sistema de justicia.