Detractores a la institución de las ZEDE aseguran que estas pueden ser refugio para realizar acciones ilícitas, porque la ley que las regulará es diferente a la que se aplica en el resto del territorio; pero en el Gobierno se sostiene que se trabajará en un ambiente transparente cuyo fin es atraer inversiones nacionales y extranjeras para generar empleos, reducir las desigualdades sociales y dotar a la población de educación, salud, seguridad pública e infraestructura.
Para Mi Gente Informa, Ingrid Antúnez, desde Tegucigalpa, Honduras
Varios sectores hondureños señalan que la propuesta del Poder Ejecutivo hondureño de implementar Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) tendrá repercusiones “negativas” para el país, por lo que existe un claro rechazo y ven la iniciativa como una conducta violatoria a la Constitución.
Luis Guifarro, ex presidente del Colegio Economista de Honduras asegura que las ZEDE obedecen a una política impulsada por el gobierno de Honduras y, aunque este decreto está desde el 2013, lo controvertido es la reforma que se ha hecho a la Ley Orgánica de la ZEDE.
“Estas reformas, que se han aprobado últimamente, son violatorias a lo que expone la Constitución de la República, y para su aprobación no se cumplió con el requerimiento de dos tercios de votos del número de diputados del Congreso Nacional o sea no se obtuvo la mayoría que impone la Constitución, eso de entrada significa un problema” declaró Guifarros.
Además, afirma que el problema de fondo con las ZEDE no es ser un proyecto impulsado por el Gobierno para generar empleos masivos, sino se ha llegado hasta el extremo de ofrecer un Fuero Jurídico especial, y habrá una legislación específica de juzgamiento para delitos que se cometan. Agrega: “la Corte Suprema de Justicia ha constituido jueces especiales para que puedan conocer de esos asuntos desde el punto de vista legal, eso es contrario a la Constitución”, reafirma.
Con el objetivo de hacer atractivo el proyecto, como un programa de empleo, se están concediendo una serie de beneficios a los futuros inversionistas que ponen en desigualdad al resto de los agentes económicos y empresas del país. En primer lugar, porque que no se acogerán al régimen, gozarán de extensión tributaria, los trámites aduanales van a ser diferentes, lo cual se considera será un problema desde el punto de vista económico, y los expertas consideran que son asimetrías, que provoca desigualdades y no fomenta la competencia equitativa con las empresas locales.
Oposición del gobierno y de las ZEDEs
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) dada la considerada conducta violatoria a la Constitución asumida por el Gobierno, al avanzar con la materialización de las ZEDE, presentó un comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional donde deja en claro su rechazo al proyecto que, estima se compromete la soberanía nacional, y se entrega el territorio a extranjeros, hecho que violenta los derechos humanos de miles de hondureños.
“El Partido Liberal y los otros partidos de oposición vamos a luchar por defender la soberanía, nuestro territorio y la integridad de nuestra patria, esa es nuestra misión; nuestro partido nunca permitirá que se venda ni que se alquile nuesta Nación” aseguró Yani Rosenthal, candidato a la presidencia de Honduras del Partido Liberal.
Al igual que los partidos políticos, el tema ha incomodado a varios sectores de Honduras, porque con esta reforma las ZEDE pueden ampliarse geográficamente, no solo donde estén ubicadas y esto implica que, eventualmente, puedan entrar en conflicto con las comunidades garífunas porque son lugares de querellas y esta situación genera problema con la tutela o la protección que gozan las etnias en cuanto a sus derechos patrimoniales y seculares.
Además, con está situación Honduras enfrentará algunos reclamos a nivel internacional con demandas por violación a los derechos humanos, porque estas comunidades étnicas pueden ser desplazadas.
Con respecto al programa que pueda generar empleos masivos todavía no se sabe qué tipos de empresas se instalarán, para determinar si en efecto a la actividad que se dedicarán son susceptibles o capaces de generar empleos, de regular magnitud que favorezcan la economía hondureña, porque si son tecnológicas eso no genera puestos de trabajo.
Inconformidad sectorial
La ciudadanía, por medio de sectores organizados, se está manifestando públicamente en contra de esa Ley Orgánica de las ZEDE, debido a que consideran que hay un trasfondo político.
La organizaciones populares están realizando movimientos de oposición contra las ZEDE, el problema es que a raíz de la coyuntura que se vive con la pandemia hay retención de la libertad por el amplio contagio, por lo que no se pueden realizar movilizaciones masivas.
Según estos sectores las ZEDE pueden ser refugio para realizar acciones ilícitas, lavados de activos, narcoactividad y el problema radica en que la ley que las va a regular es diferente a la que se aplica en el resto del territorio nacional.
Gobierno defiende
Por su parte el Consejo de Secretarios del Gobrieno de Honduras asegura que la creación de las ZEDE tiene como propósito generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura, seguridad pública entre otros, y así mejorar las condiciones de vida de la población hondureña.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico tienen personalidad jurídica, están autorizadas a establecer su propia política y normativa, creados con el propósito de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables, es el planteamiento del Gobierno de Honduras.
Esto mediante la adopción de tecnologías que permitan producir con alto valor agregado, en un ambiente transparente y capaz de atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para crecer aceleradamente, y así crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales y dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública e infraestructura que permitan una mejora real en las condiciones de vida de los hondureños.
Por ello, se tendrá que llegar a un acuerdo entre el gobierno y oposición para definir que tan favorables son las ZEDE o qué repercusiones legales tendrán si se implementan.