Alrededor de Q25 millones es la ganancia neta que obtienen los promotores de las invasiones por cada finca tomada. En el país hay mil 500 usurpaciones y pueden llevar, en el mejor de los casos, seis años el desalojo. Se estima que el MP recibe cada día seis denuncias.
Para Mi Gente Informa, Giovanni Aldana desde Ciudad de Guatemala.
El artículo 39 de la Constitución Política de Guatemala garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Pero esa garantía pareciera que existe únicamente en el papel, pues en la práctica hay falta de voluntad o capacidad en el Estado para hacer valer esta norma.
Según la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) hasta principios de este año, había poco más de mil 500 propiedades usurpadas en todo el país. De esta cifra apenas 124 casos están activos en el Ministerio Público (MP).
El año pasado, solamente en dos fincas fueron desalojados los invasores. Según funcionarios de ACDEPRO esto representa apenas el 2% de efectividad del Estado para hacer cumplir la ley y garantizar la protección de la propiedad privada.
Existen grupos de crimen organizado, narcotraficantes y organizaciones que se escudan en movimientos sociales los que han visto un modo de generar ganancias por medio de la invasión de propiedades.
Los criminales roban tierras y casas sin consecuencias penales por el Estado, ya que se amparan bajo la sombrilla de oenegés y asociaciones civiles. Además, tienen aliados en diferentes instancias que se encargan en entorpecer que las leyes se cumplan.
Esto genera un impacto negativo en la economía del país pues desestimula la inversión e impide la generación de empleo. No todos los casos son denunciados, en ocasiones, los dueños legítimos de las propiedades sufren acoso y amenazas de muerte para que no se accione legalmente.
Las invasiones no se limitan a fincas y terrenos industriales. Se sabe que hasta la Universidad de San Carlos (Usac) ha sufrido la usurpación de algunas de sus instalaciones. En Palín, Escuintla, y en Izabal, los invasores destruyeron terrenos en los que dicho ente académica hace estudios agropecuarios.
El Ejército de Guatemala también tiene problemas con invasores en el área de Cobán, Alta Verapaz, lugar en donde fabrican sus municiones.
¿Cómo operan los invasores?
Según informes de ACDEPRO, se ha detectado un modus operandi de estos grupos:
- Las estructuras localizan a campesinos que anhelan comprar un terreno y los embaucan diciéndoles que pueden ayudarlos.
- Los anotan en un libro, para lo cual les exigen Q5 mil. A las semanas regresan y les dicen que ya tienen lista una propiedad para darles.
- Tienen una logística impresionante pues cuentan con equipos de abogados, transporte por medio de camiones y buses, con los cuales se llevan a los campesinos al supuesto terreno que les van a dar. Los instalan y los engañan una vez más, pidiéndoles Q25 mil a cada uno para tramitar los títulos de propiedad.
En la Costa Sur, una finca fue invadida hace unos años por al menos 5 mil personas, alrededor de mil familias, a quienes exigieron Q25 mil. Eso quiere decir que los grupos que instigan las usurpaciones, se embolsaron Q25 millones solo con una usurpación.
Propietario cuenta su historia
Marco Vinicio Chiquín cuenta que en 2019 su familia sufrió la invasión de Tierra Nueva, una propiedad de tres caballerizas que estaría destinada a la producción de arroz, en el área de Alta Verapaz.
“Nos dijeron que sacáramos todas nuestras cosas de las tierras que eran nuestras porque ya no nos pertenecía la finca. Nosotros trabajamos arduo e invertimos bastante, con tecnología de punta. Hicimos los caminos, nivelamos el terreno con láser, en fin, se realizó un fuerte desembolso para producir arroz, pero ya no nos dejaron entrar”, narra Marco Chiquín.
Agrega: “Pusimos las denuncias respectivas, pero este es el día en que no se ha logrado nada. El MP no ha hecho ni siquiera una inspección en el lugar”, agrega.
Chiquin guarda la esperanza de que eventualmente abandonen el lugar, pues en algunos casos se invaden los terrenos únicamente para sembrar y no para vivienda permanente. “Hace un año empecé a llegar nuevamente a la finca, pero me amenazaron, me dijeron que no tenía nada que hacer allí”, explica.
Cuenta que la propiedad está hipotecada y el banco ha estado a punto de quitársela. “Todo se complicó porque a raíz de los daños de las tormentas Eta e Iota del año pasado, ha sido difícil cumplir con los pagos”, indica.
El Estor, Izabal está invadido en un 90%
Según datos proporcionados por ACDEPRO, los casos más graves se dan en el departamento de Izabal. “El Estor es un claro ejemplo. Allí casi el 90% de todas las propiedades está invadidas. Hay que ser claros en decir que esta práctica no se da por un conflicto agrario. Se trata de un delito”, explica Carlos Torrebiarte, vicepresidente de dicha Asociación.
El área de Polochic, Alta Verapaz, Quiché y la Costa Sur también son de los más afectados por este delito. “Los invasores migran, no se quedan en un solo lugar y actúan con total impunidad”, agrega el directivo.
Si bien le va al dueño, un desalojo puede durar seis años
Un proceso de desalojo puede llevar en promedio seis años, eso en el mejor de los casos. El fenómeno de las invasiones a la propiedad privada florece en América Latina, grupos de izquierda que se han incrustado en esferas claves de los gobiernos son quienes entorpecen el cumplimiento de las leyes.
Pero en Guatemala podría haber una luz al final del túnel. En junio debería entrar en funciones una Fiscalía Especial del Ministerio Público Contra las Usurpaciones de la Propiedad Privada. En la actualidad, cada caso se asigna a más de una fiscalía lo que provoca que los demandantes tengan que gestionar en varias dependencias a la vez.
Aunque se necesita voluntad de las autoridades para agilizar los procesos de desalojo para poder darle certeza a los propietarios de las áreas usurpadas e incentivar la inversión y desarrollo del área rural. Se estima que a diario ingresan al MP unas seis denuncias relacionadas con el tema.
Para fortalecer la lucha contra las invasiones, también se creó el Observatorio de Derechos de Propiedad, a instancias del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el cual hará diagnósticos sobre el tema para colaborar en la ejecución de la ley.
Cuenta con el apoyo de instituciones del sector público y privado como el MP, el Registro General de la Propiedad, el Segundo Registro de la Propiedad y el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON).