Más del 90 % de las solicitudes de asilo en México proviene de personas que emigran del llamado Triángulo Norte, constituido por Guatemala, El Salvador y Honduras, debido a la delincuencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus países.
Para Mi Gente Informa, German Romero desde El Salvador.
Un reciente estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizado para Centroamérica y México analizó el impacto de la pandemia por Covid-19 en los flujos migratorios. Los principales hallazgos apuntan a que el tráfico ilícito ha continuado desarrollándose.
“El tráfico ilícito de migrantes, es decir, el traslado irregular de personas a través de una frontera internacional constituye una de las actividades criminales más lucrativas del mundo. La movilidad global se vio completamente afectada durante la pandemia por Covid-19, como evidente efecto de las medidas adoptadas por los Estados en cuanto a las restricciones y cierres de fronteras. Sin embargo, el “contrabando de personas” a través de México y Centroamérica nunca se puso “en cuarentena”, detalla el informe de la OIM.
En El Salvador factores como pobreza, reunificación familiar y los problemas de inseguridad impulsan a muchos a dejar el país, también por los desplazamientos forzados internos generados por las amenazas de pandillas. Ante este fenómeno, Mi Gente Informa conversó con Rina Montti, directora de investigación en Derechos Humanos de Cristosal, acerca de las causas y la situación actual de la migración, deportaciones y desplazamientos en el país.
¿Cuál es la situación actual de la migración y los desplazamientos en El Salvador?
No sabemos cuántas personas salen del país, pero la Organización Internacional para las Migraciones OIM informó que entre enero y mayo de 2021 fueron cerca de 19,000 personas quienes fueron retornadas al país. Los hombres son mayoritariamente los deportados, pero es importante mencionar que cuando se analiza el caso de personas adultas, el 14 % corresponde al grupo mujer, pero al ver la comparación entre hombres y mujeres en la niñez, vemos que el 34 % de los retornados corresponde a niñas, entonces podemos decir que estadísticamente son más niñas quienes han sido retornadas. Acerca de los desplazamientos no hay datos oficiales, esto a pesar que desde hace un año y medio tenemos una ley que dice que es obligación del estado cuantificarlos, pero los casos atendidos por Cristosal se elevan a 161 personas quienes se han movido internamente por la violencia en El Salvador. Estadísticamente se reportan 81 mujeres y 80 hombres, cifra que corresponde de enero al 9 de julio de 2021.
¿Cuáles son los factores que generan esta situación?
El desplazamiento interno se debe a las amenazas que reciben los vecinos; así como intentos de homicidios, obstrucción, tortura, esta última con más incremento que en años anteriores. Las razones de migración se ha identificado que la mayor parte lo hace por razones económicas, pero persisten datos de personas que señalan aspectos de seguridad o la combinación de los anteriores.
¿La pandemia del Covid-19 agudizó estos problemas?
En el caso particular de la migración es algo que también vemos en Honduras y Guatemala, es como consecuencia del desempleo que se ha agudizado, la gente busca oportunidades económicas para mantener a sus familias. En las solicitudes de asilo realizadas en México, más del 90% corresponde a personas que emigran del Triángulo Norte de Centroamérica, en su mayoría hondureñas, pero el número de personas salvadoreñas es significativo.
¿Cuál es la situación de El Salvador en comparación con los países del Triángulo Norte?
Diría que en los tres países hay crisis particulares. Honduras, por ejemplo, está inmiscuida en un proceso electoral que ya sabemos que es bastante denso. Guatemala tiene problemas con la pandemia y los índices de corrupción que se han destapado a raíz del mal manejo en la compra de las vacunas. Aquí, en El Salvador, el tema del acceso a la información y el ocultamiento de la misma podrían ayudar a identificar casos de corrupción, en el marco sanitario, ante todo.
¿Existen políticas públicas enfocadas a evitar que los salvadoreños se desplacen o emigren?
A pesar de que contamos con la Ley Integral para la Atención y Protección de Personas en Situación de Desplazamientos, esta no se ha operativizado, de hecho se les ha bajado en un 14 % el presupuesto. Entonces el tema sigue recayendo en la sociedad civil, como cuando no existía la ley, y esto pone en una situación de desamparo a las víctimas.
Se ha identificado a 161 personas desplazadas que refleja la tendencia de años anteriores, por lo que se puede decir que las causas de los desplazamientos forzados internos no se ha solventado, sino que persisten, más allá del discurso oficial o de lo que se habla sobre el éxito del Plan Control Territorial.
¿Qué problema prevalece con más fuerza en el país, la migración o el desplazamiento?
Es incierto asegurarlo porque no tenemos datos oficiales de ninguna de las dos modalidades de movilización humana, pero hay mucha relación entre ambos. Datos indican que entre el 30 % y 50 % de las personas retornadas, se ha desplazado internamente antes de migrar, entonces hay una relación entre ambos.
Inicialmente lo más accesible económicamente es desplazarse internamente que apostar por una migración, y aunque la mayor parte de personas decide migrar a México o Estados Unidos, hemos visto que también hay muchas quienes están dirigiéndose a Europa y eso lo reflejan las solicitudes de asilo de salvadoreños en España, Italia, Suecia, Bélgica e Inglaterra.
¿Cuál es el impacto que estos problemas generan tanto social como económicamente para el país?
Evidentemente y de acuerdo a nuestros registros, el impacto social más fuerte es la desintegración porque los programas del Estado no son para familias integrales, esto tampoco acata las indicaciones de la ley, en ese sentido, estas personas y sus familias son fragmentadas porque tienen que resolver con sus propios medios o con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.
No hay presupuesto suficiente para mantener a los grupos familiares unidos. Por ejemplo, cuando apuestan por una atención al Instituto de Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, se sabe que le pueden aceptar algunos de los casos pero deben ser mujeres y no aceptarían por los reglamentos internos a hombres, independiente de su edad.
En el caso de la economía, muchas de las personas que se desplazan estos obedecen a temas de extorsión, entonces deben abandonar sus medios de vida que muchas veces son negocios en sus hogares, entonces automáticamente pierden su trabajo.
¿Cuál es la tarea pendiente de parte del Gobierno y de otros sectores?
En realidad el cumplimento de la ley debe ser del Estado, que puede involucrar otros sectores. A la fecha no contamos con un reglamento, y de parte de Cristosal en enero se presentó una propuesta al Ministerio de Seguridad y Justicia para que la tomarán como base para hacer un reglamento, acorde a la ley aprobada. A la fecha desconocemos si tomaron en cuenta la propuesta o si el Ministerio tiene su propia propuesta, de lo contrario, cómo operatizarán la ley.
Lo que hemos visto es que la Dirección de Atención a Víctimas fuera de atender los casos de desplazamiento forzado interno, lo deriva a la sociedad civil y esto no solo es para Cristosal sino que en realidad todas las organizaciones que tenemos varios años haciendo este tipo de atenciones, seguimos recibiendo estos casos, lo que quiere decir que no están haciendo su parte de salvaguardar y atender de forma integral a las personas en esta situación. Estos es un revés porque regresamos a las épocas donde no teníamos una ley y ponen en vulnerabilidad a las personas, por lo que esto debería ser acatado de manera urgente por el Estados.