El Acuerdo de Escazú arranca sin El Salvador

Para Mi Gente Informa, Germán Romero desde El Salvador

El próximo 22 de abril se conmemora el día de la Madre Tierra, ese día también entra  en vigor del Acuerdo de Escazú, que lleva tres años de adopción y   ya ha sido firmado por 24 países de América Latina y El Caribe y ratificado por 12 de ellos. El  Acuerdo arranca sin la venia de El Salvador.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Es el primer tratado medioambiental de la región que permite que la ciudadanía pueda tener acceso a la información medio ambiental y que participe  en la toma de decisiones  al respecto. De hecho, es el primer acuerdo en el mundo que pretende por medio de disposiciones la protección de los defensores medioambientales.

Los temas que aborda el Acuerdo de Escazú, ya están vigentes en El Salvador en diferentes leyes, ya existe una ley de Acceso a la Información Pública, donde cualquier ciudadano puede solicitar información relacionada con el medio ambiente en una alcaldía o un ministerio.

Es considerado por organismos como Amnistía Internacional de Argentina, como uno de los tratados sobre derechos humanos y medio ambiente más importante de los últimos 20 años, pero para que el Acuerdo entre en vigor es necesaria la ratificación de al menos 11 países, a la fecha, 12 ya han realizado ese trámite.

A partir de su adopción en el 2018, se tenían tres años para lograr que la mayoría de los países lo ratificaran, pero el gobierno de El Salvador decidió no ser parte de la iniciativa y el 24 de septiembre del año pasado el Presidente Nayib Bukele lo informó en cadena de radio y televisión.

El Salvador no firmará el acuerdo de Escazú

“Hoy por hoy, no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo. Pudiéramos hacerlo luego, si se arreglaran algunas cláusulas”, dijo el mandatario, sin especificar cuáles eran.

Presidente Bukele, dijo sobre el acuerdo de Escazú: “Hoy por hoy no lo vamos a firmar porque no estamos de acuerdo con algunas cláusulas “.

“No podemos dejar de construir viviendas, cuando hay un déficit de medio millón de casas, entonces sí estamos de acuerdo, pero sin evitar que podamos llevarle desarrollo, sobre todo, a la gente más necesitada de nuestro país”, agregó el Presidente.

Una de las primeras organizaciones en reaccionar ante la decisión presidencial fue la Fundación para el Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)  que a través de un comunicado condenó la decisión presidencial tachándola de “Nefasta”, asegurando además, que el mandatario antepone los intereses empresariales   sobre el bienestar del medio ambiente y la ciudadanía.

“La deuda histórica con el ambiente se está profundizando con la decisión de privilegiar a élites económicas para que continúen saqueando el ambiente y la tierra. Es un erróneo argumento decir que el Acuerdo de Escazú no se adapta a la realidad salvadoreña y que evitaría el desarrollo del país. Lo que está detrás de esta decisión, es la intención de proteger intereses de las empresas urbanísticas y de construcción, por medio de la flexibilización de permisos ambientales, el debilitamiento de la institucionalidad pública en materia ambiental y el nulo compromiso con la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales” dijo la Fespad en su comunicación.

Cláusulas que resultan lesivas

Los temas que aborda el Acuerdo de Escazú, ya están vigentes en El Salvador en diferentes leyes, ya existe una ley de acceso a la información pública por ejemplo, donde cualquier ciudadano puede solicitar información relacionada con el medio ambiente en una alcaldía o un ministerio.

También hay acceso a la justicia por medio de los tribunales ambientales, pero para Luis González, Director de la Unidad Ecológica Salvadoreña, estas leyes en favor del acceso a la información y la justicia medio ambiente no se aplican de la mejor forma en el país. Ante lo cual debe optimizarse su aplicación.

El ambientalista considera que el apartado de la protección a los defensores ambientalistas es la piedra en el zapato y es el motivo por el que el mandatario decidió no ser parte del Acuerdo de Escazú.

“La protección de los defensores ambientales es parte de la negativa del Presidente, que ha estado dando permisos ambientales en proyectos como Valle del Ángel, una octava represa sobre el río Sensunapán o ampliaciones en las residenciales de Sierra Verde o Paseo del Prado”, dijo González.

El proyecto Valle del Ángel, de acuerdo a grupos defensores del medio ambiente, se construye sobre un importante reservorio de agua del volcán de San Salvador y esto tiene impacto en el ambiente. Los pobladores del municipio de Nahuizalco en Sonsonate, se oponen a la construcción de una octava represa sobre el río Sensunapán, asegura que es un tiro de gracia para el afluente.

El Salvador ya no puede ser parte de los países firmantes del acuerdo porque el tiempo ya expiró, lo que sí procede, si es que en algún momento las autoridades locales lo deciden, es adherirse al mismo dijo Luis Gonzáles de la UNES, en la región Nicaragua está en la misma sintonía que El Salvador concuerdan los ambientalistas de la Unes y Cesta.

América Latina y El Caribe comprende una de las regiones con una riqueza ambiental excepcional, el 22 % de los bosques se ubican en esta región, pero entre 1990 y 2015 cerca de un millón de kilómetros cuadrados de selvas se perdieron, en Suramérica el 68 % de los suelos está erosionado por la deforestación o ganadería excesiva. El 23 % de las especies nativas de América Latina y El Caribe están en peligros de extinción y el 70 % de las aguas que utiliza la industria y los hogares, vuelven a los ríos sin tratamiento alguno, lo que provoca enfermedades en la población que vive del agua de estos afluentes, otros datos de Amnistía Internacional de Argentina indican que en 2017, cerca de 116 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas por oponerse a proyectos que afectan los entornos naturales. Dentro de estas cifras figuran salvadoreños.

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