Redacción
Mi Gente Informa
El contrabando y la defraudación aduanera son prácticas del comercio ilícito de mercaderías que generan competencia desleal, impidiendo el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país, convirtiéndose, además, en uno de los principales problemas para la recaudación de impuestos.
Rossana Pérez, de la Fiscalía de Delitos Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera del Ministerio Público (MP) informó que, hasta septiembre de 2020, han recibido 162 denuncias de contrabando y defraudación aduanera, mientras que en 2019, cuando empezó a funcionar esta fiscalía, registraron 195.
Explicó que, a través de la desjudicialización, que es la suspensión condicional de la persecución penal, de las 162 denuncias de este año se han suspendido 74, debido a que se ha logrado un consenso con los acusados, quienes acceden a realizar los trámites, pagar los impuestos, multas e intereses correspondientes, otorgándoseles el beneficio de no ir a juicio si no vuelven a cometer el mismo delito.
Pérez indicó que desde que la Fiscalía comenzó a funcionar, en mayo del 2019, se han desestimado 295 denuncias, que incluyen las que el MP había recibido antes de que esta dependencia existiera, y que luego fueron remitidas para que se les diera el debido proceso, pero en muchos de los casos no se logró proceder porque tenían hasta 20 años de haberse interpuesto. Al consultar acerca de los lugares en donde más se dan los casos de contrabando y defraudación aduanera, la Fiscalía aseguró que estos hechos delictivos se cometen principalmente en las aduanas terrestres. Entre el 60% y 70% de estos ilícitos entran por las fronteras de México, en el occidente guatemalteco.
Datos estadísticos
De igual manera se informó que la mitad de las personas que cometen estos delitos ha sido detenida y llevada a proceso. También se indicó que se han concluido 36 casos, los cuales están en juicio o irán próximamente. Por último, se dijo que, durante 2020, se han incautado Q2 millones 678 mil 951.47 en mercaderías.
Por otra parte, en la Comisión Interinstitucional Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (COINCON) se dio a conocer que durante 2020 se ha incautado mercadería valorada en más de Q14 millones y se ha dejado de percibir Q5 millones 868 mil 182.23 en impuestos, mientras que se han pagado Q95 millones 609 mil 459 por ajustes en aduanas.
En lo concerniente a 2019, el valor de la mercancía incautada fue más Q104 millones; el total de impuestos dejados de percibir llegó alrededor de Q11 millones 570 mil, y los ajustes pagados en aduanas fueron de Q210 millones aproximadamente.
De acuerdo con informes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y el Observatorio Contra el Contrabando, la defraudación y el contrabando aduanero generan una evasión fiscal de por lo menos Q17 mil millones anualmente, equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto del país.
Implementan medidas
Al respecto Werner Ovalle, Intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) comentó que tienen conocimiento de 161 denuncias que contienen aspectos de defraudación y contrabando. Agregó que los productos más contrabandeados son las bebidas alcohólicas, abarrotes, yogurt, maíz, cigarrillos, galletas, cereales, o sea todos los productos que se pueden encontrar en las tiendas populares.
Ovalle dijo que, según los registros, el 90% de las mercancías de contrabando entran por México, y que, por eso, como administración tributaria, implementaron el puesto de control interinstitucional en Pajapita, San Marcos, lo que ayudará a atender mejor esta problemática.
Añadió que, de acuerdo con informes, el país ha dejado de percibir, en impuestos durante el presente año, aproximadamente Q2 mil 500 millones y que, en el 2019, se incautaron Q110 millones en mercancías, mientras que en ajustes de aduanas contra la defraudación fueron Q198 millones.
Enfatizó la importancia de instalar más puestos de control en las aduanas, por lo que tienen contemplado abrir seis durante este año e igual número en 2021. “Ya empezamos con los puestos de control en Pajapita, San Marcos y Entre Ríos, Izabal, pero esperamos inaugurar cuatro más en 2020, lo que nos va a permitir tener operaciones y operativos permanentes en carretera”, expresó.
El Intendente de la SAT, también informó que en la frontera Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, ya se implementó la Tecnología de Identificación de Unidades de Transporte por Radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), lo que ayudará a tener un mejor control aduanero en el proceso de importación y exportación, de igual manera en el paso de mercancías. Se tiene planeado que este proyecto tecnológico se ponga en marcha próximamente en otras aduanas, entre ellas San Cristóbal, Jutiapa, y Tecún Umán, San Marcos.
Menos recursos para invertir
Agregó que, como Superintendencia, están próximos a firmar dos convenios con la Organización Mundial de Aduanas, lo que va a permitir tener acceso a base de datos e información a nivel internacional para fortalecer el análisis del manifiesto de carga de los contenedores y también se tendrá más control en el perfilamiento y la gestión de riesgo aduanero como tal. En lo que respecta a los aeropuertos, indicó que están coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil, para instalar controles en vuelos privados y comerciales.
Por su parte Rolando Paiz, Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión, dijo que las consecuencias del contrabando de mercancías en Guatemala se ven reflejadas en el daño que se les causa a las empresas que si cumplen con todo lo establecido por la Ley y el efecto nocivo para las finanzas del país.
Paiz aseguró que la defraudación fiscal a causa del contrabando equivale a entre el 25% y 30% de los ingresos por impuestos de la SAT, lo que conlleva a que haya menos recursos para invertir en el país. “Los empresarios también son perjudicados porque el contrabando permite vender a precios más bajos, lo que se convierte en una competencia desleal”, expresó el comisionado.
Finalmente, los consultados coincidieron en que esta problemática debe ser abordada de manera integral por el Estado, fortaleciendo el intercambio de información entre las instituciones aduaneras y de seguridad de los países con los que Guatemala tiene fronteras, para ser más asertivos en la implementación de estrategias.