Mediante una conferencia de prensa pidieron al Gobierno que se haga un análisis para modificar del Decreto 58-90, Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros.
Para Mi Gente Informa Mauricio Flores
La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y el Observatorio Contra el Contrabando (OCC), durante una conferencia de prensa virtual, manifestaron su preocupación por la falta de acciones por parte del Gobierno de Guatemala en establecer una nueva legislación para fortalecer acciones que combatan el contrabando aduanero, que en los últimos años se ha incrementado de manera incontrolable en el país.
Luis Mazariegos, del OCC, aseguró que los esfuerzos para mitigar el contrabando y la defraudación aduanera han sido pocos por parte de las autoridades correspondientes. “Es importante que se hagan algunas reformas al Decreto 58-90, Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros y leyes conexas, porque presentan debilidades e inconstitucionalidades”, expresó Mazariegos.
De acuerdo con el análisis del OCC, varias disposiciones de la actual legislación son contrarias a la Constitución Política de la República de Guatemala y viola algunos derechos básicos de la población.
Mazariegos, indicó que la actual legislación presenta tres debilidades. La primera establece que el delito de contrabando es una simple infracción económica si la mercancía incautada no supera los US$3 mil, y que, además, quienes la trasladen podrán conservarla pagando los respectivos impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En segundo lugar, explicó que esta disposición violenta el marco legal y constitucional debido a que no toma en cuenta las leyes de salud y ambientales de los guatemaltecos, ya que se ingresan productos vencidos o adulterados que dañan al consumidor.
Por último, indicó que se deberían destinar fondos del Presupuesto General de la Nación no solo para financiar las operaciones de la SAT como tal, sino que también para mejorar el resguardo de las fronteras, el almacenamiento y destrucción de productos alterados o falsificados.
Según el OCC, mantener el status quo de la legislación vigente o no reformarla solo suaviza el delito y la pena y favorece a los contrabandistas, así como a las organizaciones delincuenciales para que actúen con impunidad.
Indicaron que la problemática es muy grande y que ciertos productos de contrabando han llegado a cubrir hasta el 30% del mercado local y que en algunos departamentos de Guatemala son el 70% de los alimentos que consumen los pobladores.
Sugerencias
Por su parte Enrique Lacs, de la CGAB, dio a conocer que desde hace cuatro años han presentado observaciones al Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), Ministerio de Finanzas Públicas, SAT y presidentes de comisiones del Congreso, en lo que respecta a la legislación vigente para hacerla más efectiva y evitar inconsistencias con el marco legal.
Aseguró que el delito de contrabando no puede ser considerado en ningún caso como infracción, porque esto atenta contra el derecho de los afectados que pierden económicamente por este ilícito.
Lacs, enfatizó que para el sector de alimentos y bebidas de Guatemala, que genera cerca de 100 mil empleos, y representa el 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB), es injustificable mantener una legislación que admita prerrogativas a quienes infringen la ley, y exigen que la ley se reforme y que se manifieste claramente la voluntad del Estado por combatir el contrabando.
“El decreto 58-90, Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, ha tenido tres reformas, 2001, 2006 y 2013 en las cuales se ha obviado establecer una legislación que pueda dar fuerza a las instituciones para atacar de frente la defraudación aduanera”, dijo Lacs.
Finalizó diciendo que se debe vincular y tipificar el contrabando como un acto del crimen organizado nacional y transnacional porque eso le da otra dimensión para la persecución, lo que dará más respaldo a las instituciones.
La CGAB y el OCC pidieron al Gobierno y autoridades involucradas que se reactive el análisis de las leyes de contrabando y que se tomen en cuenta las observaciones, para que se logre combatir de manera certera el contrabando.